El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este sábado en Gernika (Bizkaia) que hasta final de año se espera la llegada a Canarias de unos 70.000 migrantes, de los cuales casi 7.000 serían menores no acompañados.

En declaraciones a los periodistas tras el juramento de Imanol Pradales como lehendakari, Clavijo ha explicado que esas cifras son las esperadas por la Unión Europea, con cuyos representantes se reunió el viernes en Bruselas, para la “ruta atlántica, la más peligrosa”.

El presidente canario ha comentado que se estima que hay unos 300.000 subsaharianos esperando en Mauritania a que mejoren las condiciones climáticas para intentar llegar a Canarias.

“La Unión Europea tiene unas expectativas bastante pesimistas y por eso es imprescindible cambiar la Ley (de Extranjería) para distribuir a los menores por todo el territorio nacional”, ha afirmado.

Clavijo ha apuntado que “los primeros contactos” para que el reparto de menores llegados a Canarias sea obligatorio y no dependa de la voluntad de las autonomías son “alentadores”.

Ha confiado en que la próxima semana se pueda avanzar en esta cuestión porque la situación en Canarias de los menores migrantes no acompañados es “insostenible” al haber 5.700 y no tener la comunidad capacidad para atenderles con “garantías”.

Repartir es de justicia

La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha hecho un llamamiento este viernes a la responsabilidad de los partidos en las Cortes para que se proceda al cambio inmediato de la Ley de Extranjería, de manera que haya un reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas.

La consejera, de Coalición Canaria, partido que comparte el Gobierno regional con el PP, ha hecho este llamamiento en una comisión parlamentaria en la que la representante del Partido Popular y la del PSOE se responsabilizaron en el retraso en el cambio de la Ley de Extranjería.

Luz Reverón, del PP, acusó al Gobierno de España de “embarrar el campo” y transformar un problema humanitario en un problema político, mientras que Elena Máñez, del PSOE, aseguró que en el momento en que los populares lo acepten, se aprobará el reparto en las Cortes.

“Apelo a la responsabilidad de los partidos en las Cortes” para que se apruebe la reforma legal “de manera inmediata”, “llevamos ocho o nueve meses tratando este asunto”, terció la consejera tras exponer ante los diputados las cifras de menores migrantes tutelados por Canarias, cuyo sistema de acogida está en “colapso” y donde se plantea habilitar carpas ante la falta de instalaciones.

En Canarias hay tutelados 5.700 menores migrantes atendidos en 80 dispositivos de emergencia y se ha pedido al Ministerio de Defensa, de momento infructuosamente, la puesta a disposición de instalaciones en desuso.

En octubre pasado se acordó entre las comunidades autónomas el reparto de 439 menores desde Canarias y “nueve meses más tarde han salido 16”, recordó la diputada de CC Jana González.

Subrayó que la falta de “solidaridad voluntaria” ha llevado al intento de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y hacer así que el reparto sea obligatorio.

“Casi todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo, vamos a centrarnos en lo que nos une, no podemos esperar más, es urgente que el decreto entre en las Cortes y reducir el ruido político. Pedimos al PSOE y al PP que hagan un esfuerzo para ser parte de la solución y no del problema”, demandó la representante de CC.

Propuso que el Gobierno remita ya a las Cortes un decreto con el cambio legal, reducir el ruido político y “que cada partido se retrate” en el Parlamento, porque “si seguimos con este ruido mediático, será un fracaso”.

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